21.8.09




: jacinta francisco




Según el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), en México existen solamente 25 abogados de oficio que hablan lenguas indígenas. Ante la insuficiencia de este derecho que el Estado debería proveer, todos los días se cometen atropellos, injusticias, abusos y anomalías en los procesos judiciales contra la población indígena de nuestro país.

A partir del 18 de agosto de 2009 Jacinta Francisco Marcial es considerada por Amnistía Internacional como prisionera de conciencia. Este nombramiento reconoce la inocencia de Jacinta mientras la declara una persona encarcelada únicamente por ser una mujer indígena con limitado acceso a la justicia. Con este nombramiento, el movimiento mundial más grande de defensa y protección de los derechos humanos hace un llamado a las autoridades mexicanas para que Doña Jacinta sea liberada de manera inmediata e incondicional.

Doña Jacinta indígena otomí (ñhä-ñhú) de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro (México), ha sido condenada a 21 años de cárcel tras ser acusada de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Los agentes de la AFI afirman que algunos de los comerciantes del tianguis (mercado) los secuestraron durante un incidente ocurrido el 26 de marzo de 2006. Jacinta es madre de seis hijos y, antes de pasar los últimos tres años en la cárcel, se ganaba la vida vendiendo helados y aguas frescas (agua con sabores frutales) con su esposo en un puesto del mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán.

A través de este nombramiento Amnistía Internacional hace al mismo tiempo un llamado a las y los millones de activistas y simpatizantes del movimiento alrededor del mundo para que alcen la voz desde hoy y hasta que Doña Jacinta goce de libertad.



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Estimado Presidente Calderón:

Como activista a favor del respeto a los derechos de todas las personas me dirijo a usted para mostrarle mi profunda preocupación de que las y los habitantes de su país no puedan acceder a la justicia.

Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena otomí de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, ha sido condenada a 21 años de cárcel tras ser acusada de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Los agentes de la AFI afirman que algunos de los comerciantes del tianguis los secuestraron durante un incidente ocurrido el 26 de marzo de 2006. Jacinta es madre de seis hijos y, antes de pasar los últimos tres años en la cárcel, se ganaba la vida vendiendo helados y aguas frescas con su esposo en un puesto del mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán.

Los encarcelamientos injustos deben terminar. El uso indebido del sistema de justicia, como lo que le ha ocurrido a Doña Jacinta, demuestra que la administración de justicia en México está lejos de proveer de las debidas garantías a todas las personas.

Es de preocupar que las personas más vulnerables, como las poblaciones indígenas, las mujeres y las personas viviendo en condiciones sociales desfavorables reciban justicia de “segunda clase”.

El caso de Jacinta que reúne varios elementos de vulnerabilidad frente a un sistema así, pone frente al gobierno mexicano uno de los retos más importantes para evitar las continuas violaciones a los derechos humanos: garantizar el acceso a la justicia para cualquier persona.

Le pido encarecidamente que Doña Jacinta sea puesta en libertad de inmediato y sin ninguna condición. Las irregularidades en el proceso y las pruebas falsas en su contra mantienen a esta persona inocente privada de su libertad.

Atentamente,