11.11.13






: peña nieto y las mujeres







Sufragio e iniciativa de ley
Con el pretexto del sexagésimo aniversario del sufragio de las mujeres en nuestro país, hace unos días el Ejecutivo envió al Senado una propuesta de ley para promover la igualdad representativa de géneros. Dicha iniciativa supondría una paridad del cincuenta por ciento en las candidaturas que los partidos políticos registren en delante para diputaciones y senadurías, tanto las plurinominales como las de mayoría relativa. Un candado que contempla esta propuesta de ley, además de las sanciones, es que las suplentes para dichas candidaturas sean también mujeres. Se busca evitar con ello a las llamadas “juanitas”, mujeres registradas para cumplir con la simulación de las cuotas de género que declinan a favor de sus suplentes varones, en muchos casos sus maridos o parientes consanguíneos.

El artículo 219 del Cofipe establece una excepción para las cuotas de género a los partidos cuando sus candidaturas de mayoría relativa sean “resultado de un proceso de elección democrático normado por los estatutos de cada partido”. Es decir que les permite seguir llevando a cabo la simulación en cuanto a cuotas de género. La nueva iniciativa implicaría la eliminación de la excepción en dicho artículo.

En México celebramos sesenta años de igualdad ciudadana entre hombres y mujeres. Pero vale la pena preguntarse si ha cambiado la hegemonía del poder político masculino y si esto ha incidido en verdadera igualdad a lo largo de estas seis décadas. La respuesta claramente es no. Entonces, ¿es suficiente para incentivar y llenar los vacíos en los puestos de toma de decisiones una iniciativa de ley como la que propone Peña Nieto? Y, más allá, hay que preguntarse si esta iniciativa de ley es suficiente para abonar directamente en la solución de algunos de los otros 12 obstáculos para el desarrollo de las mujeres contemplados en la Plataforma de Acción de Beijing firmada por nuestro país en 1995: como la pobreza, la igualdad de educación, la violencia contra las mujeres, su sub-representación y desvaloración en los medios de comunicación, así como la discriminación y la violencia contra las niñas. La respuesta, de nuevo, es no. Esta iniciativa es un pequeñísimo paso de impacto más bien mediático, pero es a todas luces insuficiente.

A diferencia de la reforma al artículo 35 constitucional para la participación de las mujeres en los procesos electorales que, tras diversos congresos feministas a inicios del siglo XX, canalizó el ex presidente Lázaro Cárdenas, la nueva propuesta de ley resalta que la instauración de una “perspectiva de género” –un eufemismo institucional para visibilizar y erradicar las injusticias y desigualdades hacia las mujeres– en el diseño del marco jurídico y en la instrumentación de políticas públicas es “un requisito indispensable para la plena vigencia de un Estado democrático”.

Retórica. Lo que Peña Nieto propone no es una concesión progresista de su parte hacia las mujeres mexicanas, como lo ha querido hacer ver, sino una obligación que el Estado mexicano está comprometido a incorporar desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 1975 en nuestro país; y, más recientemente, obligado a cumplir por la recomendación del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, a partir de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2012.

Feminicidios y criminalización del aborto
Las buenas intenciones que pregona Peña Nieto no son en absoluto congruentes con los hechos que él como presidente, ni como gobernador del Estado de México, ni tampoco su partido, han propiciado para la vida pública y privada de las mujeres a lo largo de sus años de gobierno. Nadie olvida que durante su gobierno, en el Estado de México la incidencia de feminicidios dolosos fue la más alta del país, incluso por arriba de la de Ciudad Juárez.

El PRI, además, acostumbra usar los derechos de las mujeres como moneda de cambio. En el periodo en que Beatriz Paredes fue presidenta nacional de este partido (2008-2010), el PRI encabezó y llevó a cabo una batería de reformas locales en 17 estados para la criminalización de la interrupción del embarazo. Gracias a esas reformas, en la actualidad hay mujeres mexicanas en prisión acusadas de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo, con penas de hasta treinta años como ocurre en Guanajuato. La mayoría de ellas son indígenas, de poblaciones rurales y en pobreza. “Plena vigencia de un Estado democrático”, dice Peña Nieto. Simulación de un Estado democrático, debería decir.

La (des)igualdad en estadísticas
Según el reciente reporte del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 68 de la totalidad de países evaluados en cuanto a igualdad política y económica entre géneros; muy por debajo de naciones de América Latina como Brasil, Cuba e incluso Nicaragua, la mejor puntuada de la región.

Resulta odioso comparar casos de éxito extranjeros con el nuestro, pero esta vez merece la pena. Y el español es el modelo ejemplar que suele citarse cuando se habla de políticas públicas que inciden en la igualdad de géneros. España supera incluso a Alemania en igualdad para mujeres y varones dentro de los países de la Unión Europea. Según un nuevo indicador presentado en Bruselas en junio pasado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, si el 100 es la equidad absoluta en la escala, España tiene un valor de 54; mientras que Alemania, con todo y la mujer más poderosa del mundo en la cancillería, llega apenas a 51.6. Las variables de este índice toman en consideración el trabajo, conocimiento, dinero, tiempo libre, el poder y la salud de los que gozan las mujeres en dichos países.

Esta última variable, la de la salud, mide cuestiones como la esperanza de vida de las mujeres, la propia conciencia de la salud y su acceso al sistema sanitario. España tiene un envidiable valor de 90.1 en ese rubro. Y es aquí donde valdría la pena detenerse a pensar antes de hablar de cualquier buena intención de igualdad de género, pues es justo en el ámbito de la salud donde, al final del día, deberían incidir las llamadas “acciones afirmativas” o la “discriminación positiva” que pretende implementar la propuesta de ley de Peña Nieto, y no únicamente a nivel político ni de simulación o de coyuntura, como terminará ocurriendo.

Salud y justicia
¿La mayoría de las mujeres en México tienen plena conciencia de su salud? ¿Pueden ejercer los derechos sobre su cuerpo? ¿Gozan de acceso al sistema sanitario del Estado? ¿El Estado es capaz de proporcionarles una vida libre de violencia y garantizarles justicia cuando ésta ha ocurrido? ¿Una simulación política de propuesta de ley como la que envió Peña Nieto al Senado resolverá todos estos pendientes y muchos más firmados por México en documentos internacionales en temas de género?

La respuesta a cada una de estas cuestiones parece ser un no. Así, al menos, lo sugieren casos aberrantes que ocurren en nuestro país todos los días. Como el de Irma López, la mujer mazateca que se vio obligada a parir por sí misma en el exterior de una clínica al serle negada la atención en un centro de salud del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca, a inicios de este mes; o el reciente de Ana Karen, la muchacha de 17 años víctima de una violación tumultuaria en el Distrito Federal, cuyo caso desestimó el Ministerio Público por no “haber opuesto resistencia”; y el de María de la Luz Saucedo, “Lucero”, la muchacha que denunció en Facebook haber sido golpeada con brutalidad por negarse a tener relaciones sexuales forzadas con un taxista que la secuestró; su agresor confeso fue absuelto por el sistema de justicia de Guanajuato al exponerse durante la audiencia la vida sexual de Lucero y su “conducta provocadora e inmoral” como atenuantes e incitadores de el abuso del que ella, como muchas mujeres en México, siguen siendo víctimas.


*Texto tomado de mi columna Metales Pesados en la revista Emeequis.