9.6.14






: reforma energética,
la nueva colonización de la minería







Nací y me crié en Zacatecas, un estado minero que llegó a ser el más rico de la Nueva España por sus grandes yacimientos de plata. Zacatecas, es sabido, fue saqueado durante la Colonia hasta la saciedad. En la época actual –con su campo prácticamente desahuciado y sobreviviendo de las remesas que envían los migrantes zacatecanos desde EEUU--, vive en un abandono que lo ha vuelto una de las cinco o cuatro entidades con mayores índices de pobreza del país. De aquella riqueza generada por la minería –como ocurre con el destino de todos los pueblos mineros--, no quedaron en Zacatecas sino vestigios. Parece que esta historia que data de la época colonial y que se repitió durante algunos años del porfiriato, revivirá en próximos años a lo largo de nuestro país si las leyes secundarias de la reforma energética propuesta por Peña Nieto son aprobadas por ambas Cámaras. Veamos por qué.



1
Como mucha gente en Zacatecas, trabajé hace unos años en una mina de oro y plata. Esa temporada en las minas en la que debía descender diariamente de madrugada, a casi medio kilómetro debajo de la superficie, al lado de los barrenadores, los operadores de vehículos, trabajadores de servicios e ingenieros, fue más que suficiente para cerciorarme de primera mano de una certeza muy sabida, pero no por ello menos oprobiosa: ninguno de esos mineros con los que tuve el privilegio de trabajar posee, o sueña siquiera, con una vida tan ostentosa como la que lleva su líder sindical. Me refiero a Napoleón Gómez Urrutia. Que ni siquiera es minero, sino economista.

Napoleón Gómez Urrutia es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Vive en Canadá desde el 2006. Su exilio se debió a que tanto los gobiernos de Vicente Fox como de Felipe Calderón –bajo cuyos mandatos la minería cobró un auge inusitado-- lo acusaron de múltiples delitos. No obstante, un tribunal desestimó los cargos que pesaban en su contra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación restituyó los derechos de Gómez Urrutia como dirigente sindical.

Los estatutos del SNTMMSRM indican que, para ser elegible como su líder sindical, deben comprobarse al menos cinco años de trabajo en las minas. Gómez Urrutia es licenciado en economía por la UNAM y posteriormente se graduó de Oxford. Pero heredó la plaza de su padre, el también priista de viejo cuño Napoleón Gómez Sada.

Han sido bastante documentados por la revista Proceso, entre otros medios, los contubernios de este líder sindical con las empresas canadienses que han hecho su agosto en nuestro país. No es casual que Gómez Urrutia haya elegido a Canadá como destino para su exilio: la disidencia sindical ha filtrado detalles a la prensa de la fortuna del líder minero. Su “modesto” lugar de exilio es un condominio de 1.8 millones de dólares en una zona de lujo de Vancouver. Mientras que los otros 55 millones de dólares de los que se le acusa haber desviado de las arcas del sindicato, continúan desaparecidos.

Gómez Urrutia es el ejemplo vivo de que el PRI de Peña Nieto pretende erradicar sólo en el discurso toda la corrupción de las instituciones; pero sin tocar a los agentes que la propician y que la perpetúan. De lo contrario, líderes sindicales como Gómez Urrutia y Romero Deschamps no andarían libres por el mundo ostentando sus insultantes riquezas obtenidas ilícitamente con el dinero de los trabajadores.

El panorama para los trabajadores sindicalizados que Gómez Urrutia dice representar es bastante más modesto y mucho más desalentador que la vida dispendiosa de su líder. Las mineras canadienses a las que Gómez Urrutia ha dado privilegios tienen un modo muy poco escrupuloso de operar nuestro país. No aplican ni por asomo los mismos parámetros éticos, ni legales, ni de pagos de impuestos al gobierno mexicano (apenas contribuyen con el 1% del total del valor de los recursos que explotan en territorio nacional) a los que, en cambio, el gobierno canadiense sí las obliga puntualmente y sin excepciones. Estas empresas se destacan por los abusos a sus trabajadores, que en más de la mitad ni siquiera están incorporados al IMSS. A Gómez Urrutia, en su condominio de lujo en Canadá, eso poco parece importarle.


2
La minería en México ha pasado a ser una actividad primaria en los últimos veinte años. Las compañías mineras poseen concesiones equivalentes a la mitad del territorio nacional. Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, de los casi 200 millones de hectáreas totales del país, prácticamente la mitad –unos 98 millones de hectáreas-- se han concesionado a compañías mineras. De este total, 58 millones fueron concesionadas solamente durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Las mineras canadienses que tienen operaciones en nuestro país, insaciables, se caracterizan también por los daños irreparables al medio ambiente y a la salud de los pobladores en las comunidades donde se asientan. Por no hablar de los conflictos sociales que desatan en ellas, los desplazamientos de pueblos, principalmente indígenas. (De esto da una clara constancia el último estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la CDPIM).

Las mineras nacionales y canadienses que operan en México han propiciado conflictos sociales violentos, desplazamientos de poblaciones enteras, acoso y persecuciones a activistas y periodistas. Promueven para su beneficio tensiones entre los miembros de las comunidades que posteriormente el Estado dirime a favor de las mineras por medio de represión policiaca o militar si los habitantes se resisten a estos proyectos de mega-minería privada.

Según datos el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz padecen al menos un conflicto de este tipo. Mientras que Baja California Sur, Chiapas y Jalisco, dos conflictos cada uno. San Luis Potosí y Sonora, tres. Oaxaca por lo menos cuatro. Todos relacionados con actividades de extracción de minerales. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más casos de conflictos socio-ambientales relacionados con la minería.



3
El diablo está en los detalles. Una de las leyes secundarias dentro de la reforma energética de Peña Nieto –la llamada Ley Minera que los senadores dejaron en el aire para irse de vacaciones de semana santa-- habla del tratamiento de gas asociado a las minas de carbón, pero no ha quedado claro para la opinión pública de qué manera. El 70% de las empresas mineras que operan en México son extranjeras. Las mineras canadienses –que junto a Estados Unidos son los únicos países que extraen y comercializan hidrocarburos de lutitas en el mundo-- se están frotando las manos para lo que está por venir con esta y otras de las leyes secundarias: se contempla que dichas mineras --además de los minerales que extraen del subsuelo— puedan incursionar en el negocio paralelo de la explotación de hidrocarburos, como los hidrocarburos de lutitas conocidos como shale y el gas grisú.

Todo indica que la apertura neoliberal que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, no sólo perpetuará y dará inmunidad a políticos sin escrúpulos como Napoleón Gómez Urrutia o Romero Deschamps –a los que ni siquiera toca en sus reforma energética--, sino que nos traerá de vuelta y será cómplice de una nueva época de inmoral explotación salvaje de recursos naturales como la que los pueblos mineros como Zacatecas padecieron hasta su agotamiento durante la Colonia.