: reforma energética,
la nueva colonización de la minería
Nací y me crié en
Zacatecas, un estado minero que llegó a ser el más rico de la Nueva España por
sus grandes yacimientos de plata. Zacatecas, es sabido, fue saqueado durante la
Colonia hasta la saciedad. En la época actual –con su campo prácticamente desahuciado
y sobreviviendo de las remesas que envían los migrantes zacatecanos desde
EEUU--, vive en un abandono que lo ha vuelto una de las cinco o cuatro
entidades con mayores índices de pobreza del país. De aquella riqueza generada
por la minería –como ocurre con el destino de todos los pueblos mineros--, no
quedaron en Zacatecas sino vestigios. Parece que esta historia que data de la
época colonial y que se repitió durante algunos años del porfiriato, revivirá en
próximos años a lo largo de nuestro país si las leyes secundarias de la reforma
energética propuesta por Peña Nieto son aprobadas por ambas Cámaras. Veamos por
qué.
1
Como mucha gente
en Zacatecas, trabajé hace unos años en una mina de oro y plata. Esa temporada en
las minas en la que debía descender diariamente de madrugada, a casi medio
kilómetro debajo de la superficie, al lado de los barrenadores, los operadores
de vehículos, trabajadores de servicios e ingenieros, fue más que suficiente
para cerciorarme de primera mano de una certeza muy sabida, pero no por ello
menos oprobiosa: ninguno de esos mineros con los que tuve el privilegio de
trabajar posee, o sueña siquiera, con una vida tan ostentosa como la que lleva su
líder sindical. Me refiero a Napoleón Gómez Urrutia. Que ni siquiera es minero,
sino economista.
Napoleón Gómez Urrutia es secretario
general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Vive en Canadá desde el 2006. Su
exilio se debió a que tanto los gobiernos de Vicente Fox como de Felipe
Calderón –bajo cuyos mandatos la minería cobró un auge inusitado-- lo acusaron
de múltiples delitos. No obstante, un tribunal desestimó los cargos que pesaban
en su contra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación restituyó los derechos
de Gómez Urrutia como dirigente sindical.
Los estatutos del SNTMMSRM indican que,
para ser elegible como su líder sindical, deben comprobarse al menos cinco años
de trabajo en las minas. Gómez Urrutia es licenciado en economía por la UNAM y
posteriormente se graduó de Oxford. Pero heredó la plaza de su padre, el
también priista de viejo cuño Napoleón Gómez Sada.
Han sido bastante
documentados por la revista Proceso, entre otros medios, los contubernios de
este líder sindical con las empresas canadienses que han hecho su agosto en
nuestro país. No es casual que Gómez Urrutia haya elegido a Canadá como destino
para su exilio: la disidencia sindical ha filtrado detalles a la prensa de la
fortuna del líder minero. Su “modesto” lugar de exilio es un condominio de 1.8
millones de dólares en una zona de lujo de Vancouver. Mientras que los otros 55
millones de dólares de los que se le acusa haber desviado de las arcas del
sindicato, continúan desaparecidos.
Gómez Urrutia es
el ejemplo vivo de que el PRI de Peña Nieto pretende erradicar sólo en el
discurso toda la corrupción de las instituciones; pero sin tocar a los agentes
que la propician y que la perpetúan. De lo contrario, líderes sindicales como
Gómez Urrutia y Romero Deschamps no andarían libres por el mundo ostentando sus
insultantes riquezas obtenidas ilícitamente con el dinero de los trabajadores.
El panorama para
los trabajadores sindicalizados que Gómez Urrutia dice representar es bastante
más modesto y mucho más desalentador que la vida dispendiosa de su líder. Las
mineras canadienses a las que Gómez Urrutia ha dado privilegios tienen un modo muy
poco escrupuloso de operar nuestro país. No aplican ni por asomo los mismos
parámetros éticos, ni legales, ni de pagos de impuestos al gobierno mexicano
(apenas contribuyen con el 1% del total del valor de los recursos que explotan
en territorio nacional) a los que, en cambio, el gobierno canadiense sí las
obliga puntualmente y sin excepciones. Estas empresas se destacan por los
abusos a sus trabajadores, que en más de la mitad ni siquiera están incorporados
al IMSS. A Gómez Urrutia, en su condominio de lujo en Canadá, eso poco parece
importarle.
2
La minería en
México ha pasado a ser una actividad primaria en los últimos veinte años. Las
compañías mineras poseen concesiones equivalentes a la mitad del territorio
nacional. Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, de los casi 200
millones de hectáreas totales del país, prácticamente la mitad –unos 98
millones de hectáreas-- se han concesionado a compañías mineras. De este total,
58 millones fueron concesionadas solamente durante los sexenios panistas de
Vicente Fox y Felipe Calderón.
Las mineras
canadienses que tienen operaciones en nuestro país, insaciables, se
caracterizan también por los daños irreparables al medio ambiente y a la salud
de los pobladores en las comunidades donde se asientan. Por no hablar de los
conflictos sociales que desatan en ellas, los desplazamientos de pueblos,
principalmente indígenas. (De esto da una clara constancia el último estudio de
la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la CDPIM).
Las mineras nacionales
y canadienses que operan en México han propiciado conflictos sociales
violentos, desplazamientos de poblaciones enteras, acoso y persecuciones a
activistas y periodistas. Promueven para su beneficio tensiones entre los
miembros de las comunidades que posteriormente el Estado dirime a favor de las
mineras por medio de represión policiaca o militar si los habitantes se
resisten a estos proyectos de mega-minería privada.
Según datos el Observatorio de Conflictos
Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos,
Puebla, Querétaro y Veracruz padecen al menos un conflicto de este tipo.
Mientras que Baja California Sur, Chiapas y Jalisco, dos conflictos cada uno.
San Luis Potosí y Sonora, tres. Oaxaca por lo menos cuatro. Todos relacionados con
actividades de extracción de minerales. Según la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL), México es uno de los cuatro países de la
región que acumulan más casos de conflictos socio-ambientales relacionados con
la minería.
3
El diablo está en
los detalles. Una de las leyes secundarias dentro de la
reforma energética de Peña Nieto –la llamada Ley Minera que los senadores
dejaron en el aire para irse de vacaciones de semana santa-- habla del
tratamiento de gas asociado a las minas de carbón, pero no ha quedado claro para
la opinión pública de qué manera.
El 70% de las empresas
mineras que operan en México son extranjeras. Las mineras canadienses –que junto
a Estados Unidos son los únicos países que extraen y comercializan
hidrocarburos de lutitas en el mundo-- se están frotando las manos para lo que
está por venir con esta y otras de las leyes secundarias: se contempla que
dichas mineras --además de los minerales que extraen del subsuelo— puedan
incursionar en el negocio paralelo de la explotación de hidrocarburos, como los
hidrocarburos de lutitas conocidos como shale
y el gas grisú.
Todo indica que
la apertura neoliberal que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, no sólo
perpetuará y dará inmunidad a políticos sin escrúpulos como Napoleón Gómez
Urrutia o Romero Deschamps –a los que ni siquiera toca en sus reforma
energética--, sino que nos traerá de vuelta y será cómplice de una nueva época
de inmoral explotación salvaje de recursos naturales como la que los pueblos
mineros como Zacatecas padecieron hasta su agotamiento durante la Colonia.