28.10.14




ayotzinapa: 

el estado mexicano es un estado asesino







Entender la violencia en la era de la globalización y el neoliberalismo es entender también lo que la globalización y el neoliberalismo tienen de violento.

Globalización, terrorismo y narcotráfico comparten la misma estructura: se conforman de manera celular, dinámica y horizontal, son capaces de transformarse, adaptarse y reorganizarse rápidamente como las empresas competitivas promovidas por el neoliberalismo. Eso no ocurre con los Estados-nación modernos, un concepto institucional y patriarcal mucho más rígido, vertical y difícil de transformar.

Por eso no es extraño constatar que en el estado de excepción en el que vivimos los mexicanos y mexicanas, sus fuerzas militares y policiales, imiten cotidianamente las formas criminales y más flexibles de operar del narco. Esta es la cara más atroz de la globalización y la herencia más sangrienta que nos han dado nuestros gobiernos neoliberales en los últimos sexenios —llámense de derecha, centro o izquierda—. La reciente desaparición a manos de las fuerzas públicas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa mientras realizaban volanteo y colecta pacíficos, así como el hallazgo de 28 (hasta hoy) cadáveres calcinados en Iguala que podrían corresponder a ellos, así lo demuestran.

Tanto la guerra contra el terrorismo como la guerra contra el narcotráfico no sólo son dos conceptos tramposamente retóricos; ambos se han convertido en dos de los grandes agentes de la globalización y el neoliberalismo. Dos de sus rostros más sórdidos. En la era de la globalización, los Estados-nación —con su soberanía sometida al capital y los ciudadanos reducidos a meros electores-clientes pasivos— han construido entidades minoritarias basadas en una retórica binaria para desfogar en ellas la angustia, los temores y las amenazas a sus intereses. De esta forma, dentro de los conceptos antagónicos de una mayoría cuyos intereses supuestamente representa y protege el Estado-nación, “terrorista” y “narcotraficante” se han vuelto dos nociones semánticas en las que pueden agruparse cómodamente no sólo los delincuentes de todo signo que atenten contra el Estado y sus leyes, sino también las minorías, los disidentes, los marginados, los pobres, los luchadores sociales, los movimientos civiles y hasta los periodistas que se atreven a delatar a los gobernantes de ese Estado podrido hasta la médula.

Los Estados-nación neoliberales han inventado un concepto eufemístico para justificar y englobar sus propios crímenes: “daños colaterales”, término belicista empleado por primera vez por Estados Unidos durante la guerra contra Vietnam. En México, la desaparición forzada sigue siendo una política de Estado que engrosa todos los días esos “daños colaterales” de la guerra contra el crimen organizado: a la fecha, según cifras conservadoras de la Procuraduría General de la República, se suman más de 22 mil desapariciones forzadas, de las cuales muchas –como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa— fueron propiciadas por las fuerzas policiales y militares del Estado.

El precepto pesadillezco bajo el que se han escudado estos Estados-nación neoliberales desde la era de Bush hasta la de Calderón y ahora Peña Nieto, es ésta: “Si no están con nosotros están contra nosotros”. Según Giorgio Agamben, el pacto de confianza recíproca entre ciudadanos y políticos se ha roto bajo la lógica de la guerra global contra las drogas y el terrorismo. Ahora, los gobiernos neoliberales tratan a los ciudadanos como criminales en potencia. “Mátalos y después averiguas”. Esta nueva retórica de lucha globalizada que criminaliza a los ciudadanos a priori, ha cambiado también una noción tradicional: las guerras ahora se nos presentan como operativos policiales que “garantizan la seguridad o la libertad” de las mayorías.

La condena moral de toda clase de violencia suele borrar las huellas que nos hacen diferenciar el origen de cada tipo específico de violencia. Ya sea violencia de Estado contra los ciudadanos, violencia propiciada por el narco, violencia en una revuelta civil o en una huelga sindical, etcétera. Nos es inevitable juzgarla primero a través del tamiz moral que iguala todas a un mismo rasero. A decir de Hannah Arendt, ha habido una especie de desplazamiento de la violencia en la modernidad: del ámbito privado al ámbito público, que tiene que ver con lo estatal. Para ella, es necesario restaurar una tradición del pensamiento que permita concebir las relaciones de poder fuera de las categorías que tienen que ver con la dominación. Sólo así, sugiere Arendt, será posible instaurar una crítica política de la violencia. De lo contrario, si la política fracasa –como ocurre ya en México—, afirma Baudrillard que estaríamos viviendo un contexto que se caracteriza por esa ausencia de política en el que sólo pueden esperarse conflictos violentos.

La violencia, en efecto, se ha desplazado del ámbito privado al ámbito público-estatal con fines extrínsecos a ella misma, de modo que el ámbito de lo público se ha ido permeando de esa misma violencia y ocasiona que nos hagamos la consecuente pregunta de si, por haber vuelto omnipresente la violencia en nuestro entorno público, la política nos es realmente útil y para qué. ¿No debería servir para lo contrario? ¿Acaso política y violencia no deberían ser antónimos, opuestos? ¿Cómo se justifica una política que emplea la violencia para lograr sus fines? ¿En qué monstruosidad de país cabe esperar que la política sirva para asesinar, incinerar y arrojar en fosas los restos de los cuerpos 43 jóvenes estudiantes inocentes?

En el México de la guerra contra el narco que ha servido como la más nauseabunda de las justificaciones retóricas para no rendir cuentas frente a los crímenes de Estado por las decenas de miles de ejecuciones y desapariciones forzadas de personas inocentes hechas pasar como “daños colaterales” o como llanos criminales, ocurre así desde hace años. Política y violencia son en este México neoliberal un binomio inseparable.

Si algo nos queda de humanidad frente a esta banalización de la violencia de Estado, la matanza de los estudiantes en Iguala debería ser para nosotros como sociedad un punto de quiebre con todo aquello que ese Estado criminal, sus gobiernos y sus instituciones homicidas representan desde hace décadas. Hagamos visible lo que los gobernantes pretenden hacernos pasar por invisible: el Estado no sólo protege y se colude con los criminales, sino que es parte indisociable de ellos. El caso Iguala así lo muestra.

Por eso escribo hoy aquí cada uno de los nombres de los 43 normalistas desaparecidos por las fuerzas policiales del Estado mexicano. Desaparecidos y asesinados por un Estado criminal y homicida. Escribo sus nombres para pronunciarlos en voz alta y que el sonido de esos nombres que quisieron acallar bajo la tierra nos hagan por fin despertar. ¡Ya basta!

Felipe Arnulfo Rosa, 20 años.
Benjamín Ascencio Bautista, 19 años.
José Ángel Navarrete González, 18 años.
Marcial Pablo Baranda, 20 años.
Jorge Antonio Tizapa Legideño, 19 años.
Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 33 años.
Marco Antonio Gómez Molina.
César Manuel González Hernández.
Julio César López Patolzin, 25 años.
Abel García Hernández, 21 años.
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 23 años.
Doriam González Parral, 19 años.
Jorge Luis González Parral, 21 años.
Alexander Mora Venancio, 21 años.
Saúl Bruno García.
Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años.
Jorge Álvarez Nava, 19 años.
Christian Tomás Colón Garnica, 18 años.
Luis Ángel Fco Arzola, 20 años.
Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años.
Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años.
José Luis Luna Torres, 20 años.
Bernardo Flores Alcaraz.
Israel Caballero Sánchez, 21 años.
Arturo Vázquez Peniten.
Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 21 años.
Mauricio Ortega Valerio, 18 años.
José Ángel Campos Cantor.
Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años.
Giovanni Galindes Guerrero, 20 años.
Jhosivani Guerrero de la Cruz, 21 años.
Leonel Castro Abarca, 18 años.
Miguel Ángel Hernández Martínez, 27 años.
Antonio Santana Maestro.
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 19 años.
Israel Jacinto Lugardo, 19 años.
Adán Abraján de la Cruz, 24 años.
Christian Alfonso Rodríguez, 21 años.
Martín Getsemany Sánchez García, 20 años.
Cutberto Ortiz Ramos, 22 años.
Everardo Rodríguez Bello, 21 años.
Jonás Trujillo González, 20 años.
José Eduardo Bartolo Tlatempa, 19 años.




*Texto tomado de mi columna Metales Pesados en la revista Emeequis.