: el dinero y los políticos

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Según el Excélsior del día de hoy en sus ocho columnas, hace ocho años que en Oaxaca es imposible auditar los más de 92 mil millones de pesos que el Gobierno Federal destina al estado como parte del Ramo 33 para combatir la pobreza. Curiosamente, el ex gobernador priísta, José Murat (tan cínico que alguna vez perpetró un auto-secuestro), interpuso un amparo para que estos millones de pesos no pudieran ser auditados. ¡Oh, sospechosismo divino! Lo mismo ha sucedido en los dos años de gobierno de Ulises Ruiz. ¿A dónde se ha ido ese dinero originalmente destinado por el centro para ayudar a paliar la pobreza en Oaxaca? Imposible saberlo mientras Ulises Ruiz continúe teniendo fuero y el PRI siga apoyándolo incondicionalmente (hoy el PRI estatal lanzó una amenaza bravucona para que, si no somos de Oaxaca, nadie “nos metamos en lo que no nos importa”). No hace falta ser un genio para imaginar por qué Ulises (y con él su partido) sigue aferrado con tanta necedad hasta con los dientes a su fuero. Digo, alguien tiene qué tapar la cloaca con su culito para que no se desborde, aunque haya que usar matones, al más viejo y clásico estilo del PRI, como lo ha hecho ya varias veces (la más sonada donde murió el periodista estadunidense, el viernes) para reventar las negociaciones de la APPO con el Secretario de Gobernación, ¿no?

Es un hecho que Oaxaca es uno de los estados donde la marginación, la discriminación hacia las comunidades indígenas, la pobreza y en general la falta elementos para el acceso a una vida digna, son moneda de uso corriente. El estado de Oaxaca es el tercero con el mayor índice de marginación, con un 2.13, por encima apenas de Chiapas y Guerrero, cuyos índices de marginación son de 2.31 y 2.41, respectivamente. Lo acabamos de ver: esperar que no surjan levantamientos sociales como consecuencia de todo este rezagadero de mierda sería iluso. Entonces no vengan ahora con que Oaxaca es “rehén de unos cuantos”, cuando en realidad ha sido durante décadas rehén de la ignominia, del abuso y el abandono en que nuestros gobernantes la han tenido.

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Pero mientras tanto, ¿se han preguntado qué tipo de vida se da nuestra clase política? La pregunta resulta pertinente hoy, cuando gracias a ellos, Oaxaca (y buena parte de este país) está hundido en la miseria. Me tomé la libertad de robar unos fragmentos de un texto de Denise Dresser (Proceso, octubre 29), pero creo que a ella no le molestará que le demos el tradicional copy+paste para compartirlo con la banda, ejem...

<<[...] Con un Congreso en el que los ocho coordinadores de las fracciones parlamentarias dispondrán discrecionalmente de 185 millones de pesos para sus bancadas, entre octubre y diciembre. Con un poder Legislativo cuyo presupuesto ha crecido 37% por ciento durante el sexenio. Donde los legisladores obtienen un salario neto de 73 mil 735 pesos al mes, pero además reciben otros 52 mil 737 para “asistencia legislativa” y “atención ciudadana”. Donde se acaba de aprobar la renovación del parque vehicular con 45 automóviles nuevos. Donde los cinco nuevos secretarios de la Mesa Directiva recibirán 324 millones de pesos adicionales. Donde se han comprado 8 millones de pesos para las tarjetas IAVE, incluso para diputados que viven en el Distrito Federal. Donde todos están muy ocupados remodelando oficinas, contratando asesores, solicitando boletos de avión, anotándose para viajes a París. A punto de tomarse el primer puente.

Con un Congreso en que en casi dos meses de sesiones, sólo ha aprobado dos iniciativas y tienen que ver con su propio pronunciamiento. Y que según un estudio reciente del CIDE, es una de las entidades del gobierno federal que menos cumple con las obligaciones de transparencia. Un recinto caro pero opaco. Una institución que vive de las transferencias indirectas de la sociedad, pero que se resiste a rendir cuentas frente a ella. Un lugar liderado por personajes como Emilio Gamboa, quien descalifica cualquier crítica como intento por “poner a la ciudadanía en contra del trabajo legislativo”.

Así vivimos ahora. Con magistrados del Tribunal Electoral Federal que pretenden otorgarse un bono de retiro por 7 millones de pesos, cada uno. Cuando, por ejemplo, el magistrado presidente Leonel Castillo gana 4 millones 586 mil 802 pesos al año. 396 mil 316 pesos de sueldo base. Un millón 552 mil 847 pesos de compensación garantizada. 776 mil pesos de prestaciones nominales. 216 mil 574 pesos de gratificación de fin de año. 53 mil pesos de prima vacacional. 908 mil 649 pesos de apoyo de asesores. 681 mil 487 de prestaciones adicionales.

Y ¿qué decir de los gobernadores? Los mandatarios de 19 estados que ganan salarios superiores al ingreso promedio de los 50 gobernadores de Estados Unidos, de 101 mil dólares anuales. Argumentando —cuando son evidenciados— que “otros ganan más”. Apresurándose a formar parte de la negociación federal, con la esperanza de asegurar partidas más generosas. Gobernadores que han canibalizado los recursos del excedente petrolero durante los últimos años, sin dejar rastros productivos de éste. Una pieza más del rompecabezas que explica por qué un país con tantos recursos, no logra aprovecharlos. México atorado porque está tan mal gobernado.>>