: derecho a decidir

Quienes se oponen a las reformas para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Distrito Federal tienen todo el derecho de expresar sus creencias y convicciones, pero no tienen el derecho de imponérselas a nadie, del mismo modo que nadie les pretende imponer absolutamente nada.

Se trata, ni más ni menos, del derecho de cada mujer a decidir. Esta es la esencia de una sociedad laica: respetar y, en el extremo, aun cuando no nos gusten (o precisamente por ello), tolerar las creencias, ideas y preferencias de las otras personas, pues se trata de asuntos que sólo conciernen a la vida privada y la conciencia de cada quien.

Por esa razón, la discusión en esta materia no debe inscribirse en el terreno de las creencias religiosas o las convicciones morales: porque no hay nada más respetable que la religiosidad o la moral adoptada libremente por cada persona.

No sobra recordar que el pensamiento político liberal y el constitucionalismo surgieron como una defensa de la libertad de conciencia, como la exigencia de reconocer en la fe una experiencia individual respecto de la cual ningún poder, ni espiritual ni terrenal, debe imponerle nada a nadie. Sin esos principios, tanto los creyentes como los agnósticos careceríamos de garantías. Contra esos principios, en cambio, millones de personas y comunidades enteras han sido devastadas o sometidas a las peores formas de denigración.

Jamás nos pondremos de acuerdo sobre el momento en el que inicia la vida: lo mismo en la ciencia que en las religiones existen diferentes "verdades", y lo único cierto es que en las sociedades laicas nos hemos puesto de acuerdo en respetar lo que cada quien crea o piense sobre esa y muchas otras cuestiones que sólo atañen a la espiritualidad o la ética de cada persona, como la clave para una convivencia pacífica y civilizada. Convocar a lo contrario es convocar a la intolerancia y a la violencia.

Por eso hay que llamar la atención sobre la violencia verbal, la intolerancia, incluso el rencor, desatados contra quienes pensamos que despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo es una exigencia ética a favor de la equidad social, la vida y la libertad de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres. Pero lo más grave es que las autoridades federales no asuman sin ambages el significado del Estado laico y su responsabilidad constitucional para hacerlo valer.

-Alberto Begné Guerra

Presidente de Alternativa Socialdemócrata