: altar de día de muertos,
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La sombra de la muerte acompaña desde aquel entonces la gestión del mandatario priista, a la cual la Suprema Corte de Justicia responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales cometidas durante la rebelión de 2006, cuando fueron asesinados una veintena de opositores al gobernador. La Corte acreditó plenamente por lo menos una docena de muertes de opositores durante las protestas que hubo en Oaxaca de junio a diciembre de 2006. Mientras tanto, la Comisión Civil Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos estima en 25 el número de personas fallecidas ese año a causa de sus ideas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta 20 en su informe."


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Todos los muertos de Ulises Ruiz
Diego Enrique Osorno

Ahí andan por las casas colgantes de este pueblo enclavado en el corazón de la sierra mazateca. Seguro suben y bajan interminables escaleras que, literalmente, conducen a las nubes entre las que vivió la curandera María Sabina. Ellos también son famosos por estos rumbos y alguna vez lo fueron más allá de estas veredas, cuando su fotografía, golpeando furiosamente con palos y piedras a un anciano moribundo se divulgó en periódicos y televisoras de todo el país.

Por breve tiempo estuvieron en la prisión, pero después fueron liberados por “desvanecimiento de pruebas”, tal y como ocurrió con los funcionarios del PRI del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quienes habían sido consignados inicialmente por el asesinato del camarógrafo de Indymedia, Brad Will, en 2006. “Los primeros asesinos impunes de Ulises Ruiz”, llaman los deudos del profesor Serafín García a Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga. Los Diablos, se dicen a sí mismos estos hombres que tampoco dudan en presumirse públicamente como “soldados del PRI”. Por aquí andan.

El 28 de julio de 2004 Serafín García, de 64 años de edad, llegó a un sitio llamado Puente de Fierro para participar en las protestas contra la visita del entonces candidato a gobernador, Ulises Ruiz Ortiz. Junto a un puñado de miembros del Frente Cívico Huatleco se apostó en el camino esperando la llegada de la comitiva del candidato, quien tenía programado un acto en Huautla. Pero el candidato nunca arribó. Llegó en cambio un grupo de simpatizantes priistas armados de palos, machetes y piedras, según se observa en numerosas fotos captadas ese día y divulgadas a nivel internacional. Eran Los Diablos.

En menos de 10 minutos, cuentan testigos, empezó la trifulca alentada por Elpidio Concha Arellano, entonces diputado federal y hoy uno de los operadores preferidos del mandatario oaxaqueño. Ahí se ve claro cómo Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga propinan un golpe tras otro a un ya desvanecido y ensangrentado Serafín García.

JUSTICIA

La sombra de la muerte acompaña desde aquel entonces la gestión del mandatario priista, a la cual la Suprema Corte de Justicia responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales cometidas durante la rebelión de 2006, cuando fueron asesinados una veintena de opositores al gobernador. Ruiz Ortiz se convirtió así en el segundo gobernador al que el máximo tribunal de justicia ha señalado por violar las garantías constitucionales de sus gobernados. El otro fue Rubén Figueroa, quien en 1996 recibió el mismo fallo en su contra por la matanza de 17 campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas. A diferencia de Ulises Ruiz Ortiz, el guerrerense Figueroa sí dejó la gubernatura.

La Corte acreditó plenamente por lo menos una docena de muertes de opositores durante las protestas que hubo en Oaxaca de junio a diciembre de 2006. Mientras tanto, la Comisión Civil Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos estima en 25 el número de personas fallecidas ese año a causa de sus ideas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta 20 en su informe. “Nosotros lo que queremos es que exista justicia, aunque sabemos que eso es muy difícil que se dé en un estado como Oaxaca”, dice en la sala de su casa, junto a un altar de su padre, Sheila García, la hija del profesor Serafín, asesinado a palos. “Pero la verdad —dice Sheila— creo que no va a haber justicia. Ya ve que ni la tuvo la familia del periodista (Brad Will). La única justicia que se puede esperar en Oaxaca es la justicia celestial”.

IMPUNIDAD

Meses después de la muerte de Serafín García, en diciembre de 2004, Ulises Ruiz Ortiz asumió la gubernatura. En 2005, durante el inicio de su administración, algunos activistas y líderes sociales oaxaqueños agredidos fueron Pioquinto Becerra Ballesteros (muerto a golpes por policías), Miguel Herrera Lara (desaparecido) y César Toimil Roberts (ejecutado). Todos ellos operaban en la Cuenca de Tuxtepec y eran cercanos al ex gobernador José Murat, quien terminó convirtiéndose en adversario de su sucesor Ruiz Ortiz.

A lo largo de ese mismo año por lo menos otros seis opositores murieron en circunstancias no aclaradas aún. Además, el gobierno de Canadá aceptó otorgar asilo político a Raúl Gatica y a otros cinco activistas del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), tras acreditar que sus vidas corrían serios riesgos debido a los cuestionamientos y protestas que habían emprendido contra la administración estatal oaxaqueña. En 2006 las muertes continuarían. Los nombres de algunos de los fallecidos —los cuales se incluyen en el fallo de la Corte— son: Marcos García Tapia (7 de agosto), Andrés Santiago Cruz (9 de agosto), Pedro Martínez (9 de agosto), Pablo Martínez (9 de agosto), José Jiménez Colmenares (10 de agosto), Lorenzo San Pablo Cervantes (21 de agosto), Arcadio Fabián Hernández (2 de octubre), Jaime René Calvo (5 de octubre), Alejandro García (14 de octubre), Pánfilo Hernández (18 de octubre), Daniel Nieto Ovando (1 de octubre), Bradley Rolando Will (27 de octubre), Esteban Zurita (27 de octubre), Emilio Alonso Fabián (27 de octubre) Alberto López Bernal (29 de octubre), Fidel Sánchez García (29 de octubre) y Roberto Hernández López (29 de octubre).

La impunidad de los autores de las muertes es de récord. Hasta el momento no hay nadie en la cárcel a causa de estos asesinatos, salvo en el caso de Brad Will.