: peña nieto y las mujeres
Sufragio e
iniciativa de ley
Con el pretexto
del sexagésimo aniversario del sufragio de las mujeres en nuestro país, hace
unos días el Ejecutivo envió al Senado una propuesta de ley para promover la
igualdad representativa de géneros. Dicha iniciativa supondría una paridad del
cincuenta por ciento en las candidaturas que los partidos políticos registren
en delante para diputaciones y senadurías, tanto las plurinominales como las de
mayoría relativa. Un candado que contempla esta propuesta de ley, además de las
sanciones, es que las suplentes para dichas candidaturas sean también mujeres.
Se busca evitar con ello a las llamadas “juanitas”, mujeres registradas para
cumplir con la simulación de las cuotas de género que declinan a favor de sus
suplentes varones, en muchos casos sus maridos o parientes consanguíneos.
El artículo 219
del Cofipe establece una excepción para las cuotas de género a los partidos
cuando sus candidaturas de mayoría relativa sean “resultado de un proceso de elección
democrático normado por los estatutos de cada partido”. Es decir que les
permite seguir llevando a cabo la simulación en cuanto a cuotas de género. La
nueva iniciativa implicaría la eliminación de la excepción en dicho artículo.
En México
celebramos sesenta años de igualdad ciudadana entre hombres y mujeres. Pero
vale la pena preguntarse si ha cambiado la hegemonía del poder político
masculino y si esto ha incidido en verdadera igualdad a lo largo de estas seis
décadas. La respuesta claramente es no. Entonces, ¿es suficiente para
incentivar y llenar los vacíos en los puestos de toma de decisiones una
iniciativa de ley como la que propone Peña Nieto? Y, más allá, hay que
preguntarse si esta iniciativa de ley es suficiente para abonar directamente en
la solución de algunos de los otros 12 obstáculos para el desarrollo de las
mujeres contemplados en la Plataforma de Acción de Beijing firmada por nuestro
país en 1995: como la pobreza, la igualdad de educación, la violencia contra
las mujeres, su sub-representación y desvaloración en los medios de
comunicación, así como la discriminación y la violencia contra las niñas. La
respuesta, de nuevo, es no. Esta iniciativa es un pequeñísimo paso de impacto
más bien mediático, pero es a todas luces insuficiente.
A diferencia de
la reforma al artículo 35 constitucional para la participación de las mujeres
en los procesos electorales que, tras diversos congresos feministas a inicios
del siglo XX, canalizó el ex presidente Lázaro Cárdenas, la nueva propuesta de
ley resalta que la instauración de una “perspectiva de género” –un eufemismo
institucional para visibilizar y erradicar las injusticias y desigualdades
hacia las mujeres– en el diseño del marco jurídico y en la instrumentación de
políticas públicas es “un requisito indispensable para la plena vigencia de un
Estado democrático”.
Retórica. Lo que
Peña Nieto propone no es una concesión progresista de su parte hacia las
mujeres mexicanas, como lo ha querido hacer ver, sino una obligación que el
Estado mexicano está comprometido a incorporar desde la Primera Conferencia
Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 1975 en nuestro país; y, más
recientemente, obligado a cumplir por la recomendación del Comité de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de la ONU, a partir de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en 2012.
Feminicidios
y criminalización del aborto
Las buenas
intenciones que pregona Peña Nieto no son en absoluto congruentes con los
hechos que él como presidente, ni como gobernador del Estado de México, ni
tampoco su partido, han propiciado para la vida pública y privada de las
mujeres a lo largo de sus años de gobierno. Nadie olvida que durante su
gobierno, en el Estado de México la incidencia de feminicidios dolosos fue la
más alta del país, incluso por arriba de la de Ciudad Juárez.
El PRI, además,
acostumbra usar los derechos de las mujeres como moneda de cambio. En el
periodo en que Beatriz Paredes fue presidenta nacional de este partido
(2008-2010), el PRI encabezó y llevó a cabo una batería de reformas locales en
17 estados para la criminalización de la interrupción del embarazo. Gracias a
esas reformas, en la actualidad hay mujeres mexicanas en prisión acusadas de homicidio
en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo, con penas de hasta
treinta años como ocurre en Guanajuato. La mayoría de ellas son indígenas, de
poblaciones rurales y en pobreza. “Plena vigencia de un Estado democrático”,
dice Peña Nieto. Simulación de un Estado democrático, debería decir.
La
(des)igualdad en estadísticas
Según el
reciente reporte del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 68 de la
totalidad de países evaluados en cuanto a igualdad política y económica entre
géneros; muy por debajo de naciones de América Latina como Brasil, Cuba e
incluso Nicaragua, la mejor puntuada de la región.
Resulta odioso
comparar casos de éxito extranjeros con el nuestro, pero esta vez merece la
pena. Y el español es el modelo ejemplar que suele citarse cuando se habla de
políticas públicas que inciden en la igualdad de géneros. España supera incluso
a Alemania en igualdad para mujeres y varones dentro de los países de la Unión
Europea. Según un nuevo indicador presentado en Bruselas en junio pasado por el
Instituto Europeo para la Igualdad de Género, si el 100 es la equidad absoluta
en la escala, España tiene un valor de 54; mientras que Alemania, con todo y la
mujer más poderosa del mundo en la cancillería, llega apenas a 51.6. Las variables
de este índice toman en consideración el trabajo, conocimiento, dinero, tiempo
libre, el poder y la salud de los que gozan las mujeres en dichos países.
Esta última
variable, la de la salud, mide cuestiones como la esperanza de vida de las
mujeres, la propia conciencia de la salud y su acceso al sistema sanitario.
España tiene un envidiable valor de 90.1 en ese rubro. Y es aquí donde valdría
la pena detenerse a pensar antes de hablar de cualquier buena intención de
igualdad de género, pues es justo en el ámbito de la salud donde, al final del
día, deberían incidir las llamadas “acciones afirmativas” o la “discriminación
positiva” que pretende implementar la propuesta de ley de Peña Nieto, y no
únicamente a nivel político ni de simulación o de coyuntura, como terminará
ocurriendo.
Salud y
justicia
¿La mayoría de
las mujeres en México tienen plena conciencia de su salud? ¿Pueden ejercer los
derechos sobre su cuerpo? ¿Gozan de acceso al sistema sanitario del Estado? ¿El
Estado es capaz de proporcionarles una vida libre de violencia y garantizarles
justicia cuando ésta ha ocurrido? ¿Una simulación política de propuesta de ley
como la que envió Peña Nieto al Senado resolverá todos estos pendientes y
muchos más firmados por México en documentos internacionales en temas de
género?
La respuesta a
cada una de estas cuestiones parece ser un no. Así, al menos, lo sugieren casos
aberrantes que ocurren en nuestro país todos los días. Como el de Irma López,
la mujer mazateca que se vio obligada a parir por sí misma en el exterior de
una clínica al serle negada la atención en un centro de salud del municipio de
Jalapa de Díaz, Oaxaca, a inicios de este mes; o el reciente de Ana Karen, la
muchacha de 17 años víctima de una violación tumultuaria en el Distrito Federal,
cuyo caso desestimó el Ministerio Público por no “haber opuesto resistencia”; y
el de María de la Luz Saucedo, “Lucero”, la muchacha que denunció en Facebook
haber sido golpeada con brutalidad por negarse a tener relaciones sexuales
forzadas con un taxista que la secuestró; su agresor confeso fue absuelto por
el sistema de justicia de Guanajuato al exponerse durante la audiencia la vida
sexual de Lucero y su “conducta provocadora e inmoral” como atenuantes e
incitadores de el abuso del que ella, como muchas mujeres en México, siguen
siendo víctimas.
*Texto tomado de mi columna Metales Pesados en la revista Emeequis.